El 24 de junio pasado, cuando el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodríguez Rabanal, mostró los cuatro USB, dos disquet y dos chips de celulares incautados en la celda de Maritza Garrido Lecca para luego anunciar la reevaluación de los pedidos de beneficios de las presas por terrorismo, olvidó informar que ya había sido archivado el expediente de libertad condicional de la bailarina que escondió en su vivienda al cabecilla senderista, Abimael Guzmán. Informes del Consejo Técnico Penitenciario del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, prueban que Rodríguez Rabanal conocía esta información desde el 18 de junio e incluso horas antes de la requisa se le informó que los recursos de reconsideración de Maritza Garrido Lecca y Victoria Trujillo Agurto, integrante de la cúpula de Sendero Luminoso (SL), también fueron rechazados. En realidad, lo que impidió que ellas se acogieran a los beneficios penitenciarios del Decreto Legislativo 927 (solicitudes presentadas antes del 15 de octubre del 2009), como lo hizo la emerretista Lori Berenson, fue que ambas figuraban aún con procesos pendientes en el Juzgado Penal de Turno Permanente. Ello hizo que no prosperaran sus solicitudes, de acuerdo con los informes legales de sus casos.