Después de Camila, todo el desorden de décadas en el transporte fluvial quiso ser remediado de un tirón: 15 naves fueron intervenidas en tres semanas por llevar combustible ilegal, animales sin permiso del Senasa o sobrecarga. Los dueños de las naves, acorralados, empezaron a subir el precio de los pasajes: si un pasaje a Pebas costaba S/.10, pasó a S/.30. Sin embargo, no mejoró la seguridad en las embarcaciones. La Capitanía de Puertos de la Marina, con sede en Iquitos, es el ente encargado de hacer que los barcos respeten estas normas de seguridad, pero la verdad es que solo se cumplen reglas mínimas. “La mayoría de naves son antiguas y no cuentan con equipos para estar alertas de su ubicación a lo largo del trayecto”, dice el contraalmirante AP Rodolfo Reátegui, jefe de esta entidad. “Por eso luego de la salida oficial del puerto de Enapu en Iquitos, pueden orillarse en cualquier lugar y llevar más carga como sucedió con Camila”.
